Columna de REDICEC: Austeridad en la Pandemia

 In Noticias

Austeridad en la pandemia: A podar la ciencia, el camino elegido de Chile

La austeridad como principio para guiar el actuar del estado en economías capitalistas no es novedoso, menos en tiempos de crisis global como la que nos golpea hoy. Sin embargo, el principio de austeridad no afecta a todas las carteras por igual, como lo demuestra el reciente recorte presupuestario al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MINCTCI). Como lo comunicó el ministro Andrés Couve el día 27 de abril, el ministerio verá reducido su presupuesto en $39,7 millones de dólares, mermando el desarrollo de conocimiento científico sobre temas que afectan a la población chilena. Parece contradictorio que mientras el país atraviesa una crisis de salud pública sin precedentes, el gobierno decida aplicar el principio de austeridad justamente a la producción de conocimiento científico, poniendo en riesgo el mandato del ministerio de aportar, mediante la ciencia y la investigación, a la calidad de vida de las personas y al desarrollo de sus territorios.

En breve, el principio de austeridad justifica la reducción del gasto fiscal dada la existencia de déficits asociados al funcionamiento del estado. La decisión de los distintos países de plegarse o resistir este tipo de políticas está vinculada tanto a influencias internacionales, como las presiones del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, por ejemplo (Rickard and Caraway 2019), como a dinámicas nacionales de cada país, incluyendo la formación profesional y las influencias teóricas de quienes conforman los equipos económicos de cada gobierno (Fourcade 2006).

El debate sobre qué políticas públicas deben ser llevadas a cabo durante la pandemia —las cuales consideran tanto la protección (o fortalecimiento) del sistema de salud pública, pasando por mitigar los impactos negativos de la crisis sanitaria (i.e. desempleo) e incluyendo fortalecimiento de las instituciones públicas (mejoramiento en la eficacia de los procesos de decisión) (Peña et al. 2020)— es ciertamente incipiente y en muchos casos zigzagueante. No obstante lo anterior, es probable que las respuestas que ejecute cada país provengan tanto de inercias institucionales (i.e. “lo hacemos así porque nuestro conocimiento así lo indica”) como de limitaciones presupuestarias reales, las cuales deberán ajustarse para ir atendiendo la pandemia y sus consecuencias. La pandemia, al desestabilizar simultáneamente varios sistemas (salud, educación y economía), hace que el estado tenga que intervenir para controlar sus efectos.

En Chile, el Gobierno recientemente ha publicado la presentación “Ajuste Fiscal para financiar derivados de la pandemia de Coronavirus (COVID-19)”, la cual explica qué áreas de gasto y qué ministerios contribuirán a atenuar los gastos generados por la crisis de salud. Aún cuando se esperaría conocer qué tipo de deuda aumentará en el sector público, para entender la racionalidad que lleva a concluir que el sistema de gasto público debe ajustar $2.513 millones de dólares, es decir, reducir su gasto actual, vale entonces preguntarse qué criterios pueden haber primado en esta decisión y por qué terminan unos sectores siendo más vulnerados que otros.

En dicha presentación, se señala que en primer lugar es necesario considerar el instructivo de austeridad emitido por el Presidente de la República Sebastián Piñera en enero de 2019. Al revisar la distribución del ajuste y cómo se ven afectados distintos sectores del aparato estatal, se observa que no todos los ministerios contribuyen de la misma manera. De hecho, hay ministerios cuyos aportes son proporcionalmente mucho más elevados que otros. Por ejemplo, mientras el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social contribuyen a un 4,7% (US$120 millones) y 2,0% (US$50,9 millones) del ajuste respectivamente, dichas cifras corresponden al 0,9% y 0,6% de sus presupuestos institucionales. Por su parte, el MINCTCI y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, contribuyen con 1,6% (US$39,7 millones) y 0,84% (US$21,2 millones) del ajuste. Sin embargo, dichos montos corresponden a un 7,6% y 8,8% de sus propios presupuestos, respectivamente. Este desequilibrio es preocupante, sobre todo en un país como Chile, cuya inversión en investigación y desarrollo es de tan sólo el 0,36% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del promedio de 2,37% entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El recorte presupuestario al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es particularmente alarmante, pues tras largos años de trabajo para su materialización institucional se entendía que su contribución al desarrollo nacional sería estratégica. Con el recorte anunciado se pone en cuestionamiento esta idea, ya que, paradójicamente, la producción de conocimiento es fundamental para ir atendiendo parte importante de los desafíos que está imponiendo la pandemia. Este paso pone a Chile en contrapartida a cómo varios países de la OCDE están respondiendo en la coyuntura actual. Por ejemplo, Canadá está aumentado sus recursos para investigación específica sobre COVID-19 a $196 millones de dólares, recursos destinados tanto a investigación sobre las dimensiones sociales y económicas de la pandemia, como a las dimensiones de salud pública. En Estados Unidos, $3.000 millones de dólares han sido aprobados por el Congreso para proyectos asociados al desarrollo de contra medidas y vacunas, pero además para expandir capacidades de manufactura. En Japón hay ahora una inversión de más de $43 millones de dólares sólo para la Agencia de Desarrollo e Investigación Médica, para avanzar en el desarrollo de terapéuticos. El Gobierno de la Ciudad de México, por su parte, destinará $4,1 millones de dólares para investigación científica para la atención de la emergencia sanitaria. Estos montos superan con creces los $2,79 millones de dólares asignados por el Gobierno de Chile a investigación en temas SARS-COVID-19, cifra que por lo demás equivale a un 7% del monto reducido del MINCTCI.

La pandemia se presenta como una oportunidad única para participar de manera activa en las cadenas de desarrollo productivo, asociado no sólo a la ciencia del COVID-19, sino también a la ciencia en general. El camino sinuoso que está tomando Chile en torno a la ciencia e investigación probablemente terminará por consolidar su posición de desventaja como mero consumidor de conocimiento (y productos) desarrollados en el exterior.

Como personas dedicadas a la investigación en distintas áreas del conocimiento, desde la Red de Investigación Chile-Canadá esperamos que el gobierno de Chile corrija estas acciones iniciales, apoyando con mayor fuerza el desarrollo de proyectos de investigación que guíen tanto el desarrollo de políticas públicas, como las soluciones necesarias para hacer frente a la pandemia y muchos otros desafíos que se están gestando. Esto incluye no sólo transparentar públicamente la naturaleza de los recortes presupuestarios, sino también garantizar que tales recortes sean temporales y sólo bajo el criterio excepcional que nos impone la pandemia. Del mismo modo, consideramos fundamental resguardar a quienes se desempeñan en ciencia e investigación en Chile. El estado debe garantizar la estabilidad laboral de quienes realizan investigación bajo los auspicios del Ministerio, incluyendo a becarias/os, técnicas/os y profesionales, todas personas activamente comprometidas con el mejoramiento de la calidad de la ciencia en investigación en el país.

 

Directiva Red de Investigación Chile-Canadá

Claudia Díaz | Ignacio Nazif | Rosario Oyanedel | Fernanda Rojas | Magdalena Ugarte

La Red de Investigación Chile-Canadá (Redicec) es una plataforma para la creación y expansión de vínculos de investigación entre ambos países. Redicec reúne a personas del mundo académico, social, industrial y gubernamental basadas en Chile y en Canadá, para promover la colaboración en temas de investigación desde distintas áreas del conocimiento.

 

Referencias

Rickard, S.J. and Caraway, T.L., 2019. International demands for austerity: Examining the impact of the IMF on the public sector. The Review of International Organizations, 14(1), pp.35-57.

Fourcade, M., 2006. The construction of a global profession: The transnationalization of economics. American journal of sociology, 112(1), pp.145-194.

Peña, Sebastian, et al. “Polimap: A Taxonomy Proposal for Mapping and Understanding the Global Policy Response to COVID-19.” OSF Preprints, 20 Apr. 2020. Web.

Recent Posts
Contáctanos

Envíanos un email y te responderemos a la brevedad!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search